Anastasia, Chaymae y Amaia, son las tres mujeres que han dado la cara en Vitoria esta semana en nombre de STOP-DESAHUCIOS para denunciar la injusticia que esconde la avalancha de noticias sobre la pandemia. Chaymae y sus 3 hijos vivían en una de las 500 VPO (Viviendas de Protección Oficial) que el Fondo Buitre sueco CATELLA compró hace un año a Vitalquiler. A la familia de Chaymae los buitres de CATELLA-VITALQUILER le dieron una hora para desalojar su piso a causa de una deuda de 767 euros. Los depredadores inmobiliarios se han quedado con los 4.000 euros que depositó como fianza.
Incluso tuvieron la desvergüenza de pedirle 1.000 euros si querían recuperar sus pertenencias. Vitalquiler lo crearon hace 20 años entre Caja Vital (actual KUTXABANK) y el grupo empresarial ADANIA para promover pisos protegidos de alquiler. Hace 8 años, Euskizofrenia ya denunció la estafa que los políticos que hay detrás de Vitalquiler perpetraron contra 700 familias que se creyeron que habían arrendado pisos de alquiler social. Los 3 partidos del trifachito vasco se repartieron el control de las cajas de ahorros para llevárselo calentito. PNV, PSE y PP... La misma mierda es... Había políticos que llegaban a cobrar casi 200.000 euros al año. La especulación inmobiliaria da pingües beneficios.
Ahora, 500 de las 868 VPO de Vitalquiler pertenecen a un Fondo Buitre sueco. La primera familia desahuciada es la de Chaymae. Junto a ella estaba otra "experta en desalojos". Anastasia 
Nikefi fue desahuciada hace 5 años. Le otorgaron una vivienda provisional de la que le echaron a los dos meses. Algún funcionario entendió que pasaba poco tiempo en casa cuando la pobre Anastasia no hacía otra cosa que moverse por la ciudad en busca de trabajo, pero en Vitoria tener la piel negra es un problema para encontrar empleo. Anastasia fue separada entonces de sus hijos. Ella se tuvo que meter en un albergue y a los niños se los llevó la Diputación Foral de Álava. Anastasia cree que se los robaron y que están mal atendidos. Ella lleva viviendo 26 años en Vitoria y sigue sin estar empadronada. Culpa de ello a la mafia de cieras empresas inmobiliarias y de algunos propietarios de pisos. Asegura Anastasia que un casero le ha llegado a pedir 600 euros por firmarle un contrato de arrendamiento que le dé derecho al empadronamiento. Ello aparte del precio del alquiler y la fianza. Añade que hay propietarios que cobran 200 euros mensuales por otorgar papeles a los inmigrantes, gracias a los cuales podrán cobrar la Renta de Garantía de Ingresos.
STOP DESAHUCIOS ha realizado varias denuncias ante los tribunales para que se investigue el comportamiento de CATELLA-VITALQUILER y sus cláusulas abusivas. La jueza Belén González Martín que firmó el desahucio de Chaymae lo justificó alegando que si había podido pagar parte de su deuda con CATELLA quería decir que no era vulnerable. Los tratados internacionales firmados por España prohiben el desalojo de familias como la de Chaymae, que cobraba 800 euros mensuales de ayudas sociales y 200 por la pensión de sus hijos. Más del 60 por ciento de sus ingresos se le iban en gastos de vivienda y hace un año dejó de pagar la renta por culpa de la pandemia. Ante la urgencia del Fondo Buitre por recuperar el piso que ocupaba Chaymae, la jueza no pidió los informes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria que habrían acreditado la crítica situación de esta mujer y sus tres hijos. Los buitres se han zampado a una familia más. ¿Cuántas estarán a punto de ser devoradas? Mientras, el PNV, el PSE y el PP miran a otro lado... Sus negocios van viento en popa.
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Te felicito.