Detalle de la acción callejera del lunes, 3 de diciembre. |
Hay 609 mujeres y
1008 hombres asociados a Eginaren Eginez que le desean una Feliz Navidad al
Diputado General de Álava y a todo su equipo de gobierno. Javier de Andrés ha
dejado sin subvención a ese colectivo, después de 30 años de colaboración entre
Diputación y Eginaren Eginez. En 2011, el importe del convenio alcanzó los
90.141 euros. En 2012 se conformaban con 4.000 euros menos. Gracias a ese dinero, Eginaren Eginez mejoraba las calles, los
edificios y los servicios de Álava para que pudiesen ser accesibles a las
personas discapacitadas. Gracias a la labor de esta asociación durante 30 años,
Vitoria ha recibido en 2012 el Premio Reina Sofía a la Accesibilidad.¿Cuánto costaría que un departamento de una institución pública como el Ayuntamiento, la Diputación o el Gobierno Vasco se dedicase a dar la vara como lo han hecho ellos para que todas las personas con discapacidad puedan moverse por Álava con más facilidad? Un dato: en Vitoria tenemos 16 taxis adaptados para que puedan subirse a ellos personas con sillas de ruedas. En Madrid hay 45. ¿Hacemos la regla de tres? Si en Vitoria y Álava hemos alcanzado ese nivel de sensibilización social es gracias a Eginaren Eginez... Ninguna institución pública puede ser tan "martillo pilón" como lo ha sido esa asociación.
Gobierno Foral en pleno. Javier de Andrés, en el centro. |
Las tijeras del PP no se detienen ante nadie. También recortan a los discapacitados. Feliz Navidad, Javier de Andrés… Ojalá su mano derecha, firme y CAPAZ, siga disfrutando de toda la salud del mundo para seguir firmando decisiones tan vomitivas… Zorionak eta Urte Berri On, Eginaren Eginez…
Comentarios
"EGINAREN EGINEZ Y LA POLÍTICA.
Dice Marta Alaña que esta Asociación hace política y que nuestras actividades no son de responsabilidad pública. Efectivamente TODO es política. Lo que hace una persona, una entidad, una comunidad, una formación, una agrupación..., todo nos define y lleva una carga ideológica.
Nosotr@s hacemos POLÍTICA SOCIAL desde hace 40 años. Esta entidad legalizada el 29 de julio de 1979 funcionaba ya antes, en casa de particulares, en locales parroquiales, hasta conseguir una sede social, un local municipal en el barrio vitoriano de El Pilar, y posteriormente, en Beato Tomás de Zumárraga. Ahora, el Gobierno Foral del PP nos retrotrae a aquel escenario, a aquel momento preconstitucional, donde la falta de libertades impedía la consolidación de estructuras asociativas en la defensa de los derechos, ya que al rescindir el convenio de funcionamiento y actividades con eginaren eginez, invisibiliza y anula al colectivo de personas con discapacidad física en Álava, un colectivo reivindicativo cuyo objetivo es la equiparación de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
Aunque las administraciones locales se cuelguen la medallita en todo lo relacionado con la accesibilidad en esta provincia, este hecho obedece exclusivamente al grupo de presión constituido por las personas asociadas en entidades, que necesitan la accesibilidad (física, -a la edificación, entorno urbano y transporte-, al empleo, al tiempo libre normalizado, a la sanidad, a la formación..., en igualdad de condiciones) para SOBREVIVIR en condiciones dignas.
Al Gobierno del PP, con su encorsetada mente asistencialista, le gustaría vernos en la puerta de una iglesia, enseñando el muñón, recogiendo limosnas, y a la Asociación gestionando talleres específicos para pasar el tiempo. Pero por eso no vamos a pasar. Son muchos años de presión activa, si, como Usted dice, de hacer POLÍTICA, una política democrática dotándonos de herramientas legales para garantizar el cumplimiento de los derechos y conseguir el reconocimiento de las personas con discapacidad como ciudadanía de pleno derecho.
Política no es sólo concurrir a unas elecciones. Es posibilitar y garantizar los mandatos legales como los que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su Artículo 29, Participación en la Vida Política y Pública, establece que los Estados Partes deberán garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y se comprometerán a “la constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local y su incorporación a dichas organizaciones”.